Padres y madres de estudiantes reclamaban la inconstitucionalidad de las medidas que implementan centros de estudiantes y suplantan el uso de armas de fuego por simuladores. El juez las consideró razonables.
Entendió que, al depender la institución implicada del Estado Nacional, la provincia no tiene injerencia en las decisiones que se tomen sobre ella. Además rechazó la medida cautelar solicitada.